Este viernes 4 de noviembre a través de Twitter la Redesca reiteró su llamado urgente a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida y salud desde un enfoque de género.

De acuerdo con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), el cáncer de mama es la principal causa de muerte en Venezuela en pacientes oncológicos.

Según estimaciones de la SAV, al menos, 3.128 pacientes de cáncer de mama fallecieron en el 2021. Esto corresponde a un 5 % más que en el 2020, cuando murieron 2.970 mujeres.

El Observatorio Mundial del Cáncer (plataforma del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud), calcula que entre 3.000 y 3.500 mujeres murieron de cáncer de mama en Venezuela en 2020. Es decir que aproximadamente nueve mujeres con esta enfermedad murieron por día. 

Vale mencionar que estos datos pueden que no se acerquen a la realidad, pues en el país no existen estadísticas oficiales sobre el número de casos de cáncer de mama o muertes por esa enfermedad.

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Una muestra de esta realidad es la decisión de Naciones Unidas de decretar el 18 de septiembre como el Día Internacional de la Igualdad Salarial para seguir realizando “esfuerzos constantes por conseguir la igualdad salarial por un trabajo de igual valor”.

El sistema de Naciones Unidas estima que las mujeres cobran un 20% menos que los hombres. Según la naturaleza del trabajo, la brecha discriminatoria podría ser superior.

Los esfuerzos por salarios iguales son globales e históricos, se trabaja para incorporar el enfoque de género en las políticas laborales. Es una cuestión de Derechos Humanos, insisten los grupos interesados en mantener el tema sobre la Mesa.

En la Federación Internacional de Fe y Alegría existe la Iniciativa de Género, un grupo de trabajo interesado en promover la reflexión y discusión de este tema en todos los espacios del Movimiento.

En ocasión de este Día Internacional de la Igualdad Salarial, la lideresa de la iniciativa, Miriam Sandoval y la profesora María Aguirre sostuvieron un diálogo sobre los salarios y las mujeres, los patrones normalizados de desigualdad y los retos para garantizar, de una vez por todas, que hombres y mujeres sean tratados con equidad según el esfuerzo, las capacidades y las necesidades personales.

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Sale a las 7:45 de la mañana con su carrito en mano y comienza a recorrer las calles de Villa El Salvador, donde vive desde que llegó a Perú. Por lo general, vende café, empanadas, pastelitos y chocolates. A esa hora comienza su travesía cotidiana, donde además de vender sus productos, vive a diario el acoso callejero

“Una vez estaba parada, vendiendo a unos señores, y uno de ellos me quiso dar una nalgada porque había una mosca en mi glúteo. Yo reaccioné y le dije: ¿qué le pasa?, a mí no me tiene por qué tocar, y él me dijo; no te molestes, yo sólo quería ayudarte. Y así cómo él, muchos, muchos se acercan y quieren tocarte, rozarte, y es muy incómodo.” Así se expresó Paola Dacosta, quien lleva casi 4 años en Perú.

Acoso callejero y violencia basada en género.

Paola dice que desde que llegó ha vivido tanto xenofobia como el acoso de los hombres, por ser venezolana. Describe su experiencia como algo bastante incómodo porque le pasa todos los días, a ella y a sus otras amigas (venezolanas), que también trabajan vendiendo sus productos en la calle.

Esta mujer vive perturbada y en estado de alerta, y dice que le cuesta olvidar las palabras y los rostros de los hombres cuando le acosan. Ella aprendió a estar a la defensiva ante esta situación: “…y cuando me defiendo, me dicen que los venezolanos somos muy groseros, que yo tengo que aprender a ser más amable con ellos. Y para ellos amabilidad significa que yo me deje tocar, que me deje hacer lo que ellos en ese momento se les ocurra, y no es así”. Destaca Paola.

Además del asedio recurrente de los hombres, ha vivido el desprecio de algunas personas que le han querido golpear por el sólo hecho de ser venezolana: “…pasando por un negocio una señora me saco a escobazos y me dijo, no venezolanos acá no. Eso fue hace dos años. Me agredieron así, sin más…Eso me destrozaba muchísimo”. Expresa cuando narra la experiencia, añadiendo que le pasó en 5 oportunidades.

Paola no es la única en su familia que ha sufrido agresiones por ser venezolana. Su hija, que ahora tiene 10 años, pasó por una situación similar en la escuela.

Algunos de sus compañeros de estudios, específicamente niños, abordaron a la niña y  le insultaban usando frases como “eres veneca”,” las venecas nunca se bañan”, entre otras. Esto ocurrió en el 2019, cuando estaban recién llegados al país y se repitió unas 8 veces, según describe Paola. A pesar del aviso que su hija le daba a la maestra, no se hacían los correctivos en la institución.

La solución a esa situación llegó de manos de la propia niña; quien se cansó del hecho y un día golpeó a uno de los niños que le asediaba constantemente. En ese momento,  fue cuando la maestra se encargó del caso. “Entonces si me llamaron y yo aproveché de exigirle a la maestra que garantizara el respeto para mi hija”. Explica esta madre, que añade que ocurrido este evento, nunca más pasó algo similar en la escuela de su hija.

Por ese hecho y por lo que vive en la calle todos los días, Paola ha optado por llevarse a su hija con ella cuando sale a trabajar, para así poderle cuidar.

A esta mujer le da miedo dejar a su hija sola en su casa, teme que algo pueda pasarle y esa es su manera de cuidarla. Pero esa decisión, también le trae alerta  porque  la niña tampoco escapa a las miradas y frases de los hombres en la calle. “Aún siendo una niña, hay muchos hombres que la miran, como miran a una mujer mayor, cómo me miran a mí y a  las otras, y eso me causa mucha incomodidad y alerta”. Expresa al respecto.

Ese estado de alerta, es compartido por otra madre que también  ha pasado por xenofobia y acoso. Esa mujer es Natalia (*), quien tiene 37 años de edad y de esos, lleva 5 años viviendo en Perú.

Ella es una profesional del diseño gráfico, era profesora del  Colegio Universitario Monseñor de Talavera (CUMT) en Caracas. Además,  tenía un proyecto personal de elaboración y venta de bisutería y joyas de plata, en un centro comercial en la capital venezolana.

Natalia cuenta que antes de migrar a Perú, vino varias veces de visita. Según su visión, son dos realidades completamente diferentes, porque de turista, recibió un trato muy distinto al que ahora recibe. “No había una xenofobia, al menos no tan marcada, habían incluso ofertas de empleo. Pero cuando migré años después,  pasó todo lo contrario”. Esas son sus palabras cuando cuenta su experiencia.

Esta mujer buscó trabajo en varios institutos de educación privada en el País y fue rechazada. Explica que pasó las entrevistas y evaluación para ocupar los cargos, pero no le empleaban. “Me dijeron que no había vacante, en otro; que no aceptaban venezolanos porque la cultura era diferente y eso podría llegar a los alumnos, que por el dejo (acento) no me iban a entender”, puntualizó.  

Natalia destaca además que le negaron un empleo por ser mujer y porque tener una hija, hecho que no le había pasado en ningún otro país, sólo aquí, haciendo alusión a los meses que vivió en Colombia, donde eso nunca lo vio. Esta situación le generó indignación y frustración.

Ante las negativas y las necesidades por cubrir, Natalia optó por retomar el proyecto personal que tenía en Caracas y decidió emprender con la bisutería, porque para eso, sólo necesitaba pagar el stand para vender en ferias, cuando llegaban celebraciones por fechas especiales del país.

Lamentablemente, tampoco fue lo suficientemente favorable y hoy depende del ingreso de su esposo para cubrir sus necesidades. Ese ingreso es poco y pasan por muchas situaciones, como por ejemplo, el hecho de que tiene que hacerse una cirugía urgente de vesícula, y no cuenta los recursos para ello.

La discriminación que vivió, la experimentó también su hija en la escuela cuando apenas estaba en el nivel de educación inicial. Una de las compañeras de estudio de su hija la discriminó por ser venezolana, según cuenta, la niña le dijo que ella y sus padres “no deberían estar acá porque eran extranjeros y debían irse”. Natalia enfatiza que de inmediato pidió una cita con la maestra. 

Para fortuna de esta madre y su hija, la maestra se encargó del tema, garantizando que no volvería a pasar y aclarando que no eran políticas del colegio, el rechazo a los extranjeros. Hasta allí llegó todo.

Natalia tampoco escapa a la VBG. Un día común y corriente para ella fue por frutas al mercado de Chorrillos, y allí un hombre le tocó el trasero.

Ella se levantó de inmediato y le reclamó el abuso a la persona, y la respuesta del hombre y la actitud de quienes se encontraban alrededor le indignaron mucho. Comentó textualmente: “el hombre lo que me dijo fue, que yo tenía una ropa provocadora, que no saliera así. Y lo que tenía era un mono deportivo y una franela manga corta. La gente se burlaba de mí, gritaba, yo me sentí muy molesta, luego muy indignada… cómo es que uno sólo está haciendo unas compras y viene un ser humano a tocarte y tú tienes que pasar por ese momento tan humillante”.

Esta mujer recuerda que entre los gritos de la gente, había frases como “qué quieres extranjera, si no te gusta vete a tu país”, “dile a tu marido que venga a hacer las compras”. Palabras que le dolían y molestaban. También le parecía increíble el hecho de que entre la gente que gritaba esas cosas, se encontraran mujeres.

Las mujeres venezolanas constantemente son protagonistas de acoso y VBG en las calles de Lima,  no tiene discriminación la edad ni lugar de residencia.  “Comenzó cuando tenía 10 años de edad, era apenas una niña, recuerdo que estaba caminando con mi mamá y  usaba un moño en la cabeza y estaba vestida normal, como una niña de 10 años,  y pasa un señor y se acerca a mi mamá y le dice: hola suegra, y mi mamá se queda en shock, y no entendí nada, le pregunté a ella qué pasó y me explicó lo que le había dicho el señor, y ese momento me marcó”. Esas fueron las palabras de Ana Sofía Lobo.

Sofía (como le llaman) vive en Miraflores. Llegó al país cuando tenía 5 años de edad, ahora tiene 18. Actualmente goza del título de “Miss Teen Perú Supra Grand International”, para ella el acoso comenzó mucho antes de obtener este título, cuando era apenas una niña. Esta joven dice que desde ese momento le pasa siempre lo mismo, en sus palabras textuales, “todos los días y a cada rato”.

Esta reina de belleza comenta que siempre se viste con ropa holgada; aun así, siempre le acosan. “Cuando pasas te ven mucho, te desvisten con la mirada y te dicen: hola mamacita, que rica que estás”. Sofía puntualiza que esas son algunas de las palabras que recibe en las calles y que le generan asco. Afirma que  les grita para hacerse respetar,  pero no puede evitar sentirse mal e insegura cuando eso pasa.

Lo que le molesta ante el tema es la complicidad de la sociedad peruana en hechos como estos. “En la calle, las personas, incluso mujeres, dicen cosas como que, es porque llevas un falda y así lo pides, si llevas un top, lo estás pidiendo, Esos son los comentarios en la calle cuando pasa”. Detalla indignada al respecto.

Sofía  afirma también que le da miedo salir sola y por eso, la mayor parte del tiempo anda acompañada. Asimismo, si le toca salir sola; va en taxi y siempre está compartiendo su ubicación con sus familiares y amigos. ”Tengo miedo a que me hagan cualquier cosa, que me violen, que pase algo así en la que pueda salir lastimada”, manifestó con preocupación.

Esta chica venezolana considera que se debería educar a los hombres en el respeto a las mujeres.  “Este es uno de los países donde más insegura me he sentido, con respecto a ser mujer”.  Expresó esta joven, cuando comenta que  ha visitado a sus tías en Europa y allá, nunca se sintió como se siente acá, porque nunca le pasaron cosas como las que le pasan en las calles de Lima.

Otra mujer que cayó en estado de alerta y “paranoia”, como ella lo describe ella misa, es Arany Carvajal. El año pasado alquiló un mini departamento en el distrito de Pueblo Libre, era algo temporal  mientras esperaba para mudarse en conjunto con unos amigos.

El señor que le alquilaba el espacio, tenía más de 60 años de edad. El mini departamento donde vivía era un anexo a la casa de ese señor, y la puerta de su cocina daba a la sala de la casa del hombre. Su arrendador no le permitía visitas de hombres, sólo de mujeres, y gracias a la visita de una amiga, descubrió que él le espiaba y escuchaba todas sus conversaciones. Todo eso le generó incomodidad.

Ante la incomodidad que le generaba tener cerca a su arrendador, Arany comenzó a quedarse de vez en casa de una amiga y cuando esto ocurría, el señor le llamaba preguntándole cuándo volvía a casa.

“Me puse paranoica, porque él siempre quería estar cerca, siempre quería sacarme información, me daba pánico de verlo allí”. Describe la licenciada en dirección musical, que hoy día está en un lugar más seguro.

Mencionar su profesión es importante, porque Arany aclara que en su trabajo (Sinfonía por el Perú), se vive un ambiente completamente distinto al que se vive en las calles. “Los músicos peruanos valoran a los músicos venezolanos por su profesionalismo, y por eso en esos espacios, ya dejan  de vernos como los delincuentes y las prostitutas”. Enfatizó Carvajal, mostrando parte de la estigmatización que tienen de los venezolanos.

Alta vulnerabilidad y poca protección, son algunas de las razones por las que no se denuncia.

Según el informe “Desprotegidas: Violencia de Género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú”, de Amnistía Internacional, sólo 30% de las migrantes venezolanas denuncia la VBG. ¿A qué se debe esto?, ¿por qué las venezolanas no denuncian, a pesar de todo lo que describen de su vivencia en Perú?

Paola, nuestra primera entrevistada, deja claro que no vale la pena hacerlo: “Si denuncio, no nos van a hacer caso, porque lo he visto con las mismas peruanas. Son pocas las que denuncian, y luego que denuncian, no les hacen nada a los agresores, por el contrario el agresor vuelve con más fuerza a hacerles daño”.

La afirmación de Paola, no es una impresión personal. Martha Fernández, presidenta de la Asociación Protección de Población Vulnerable (APPV), quien lleva tiempo trabajando con el tema, afirma que el 75% de las mujeres víctimas de feminicidio en el País, ya habían denunciado ante los organismos correspondientes antes de ser asesinadas.

Una de las grandes dificultades que viven las mujeres cuando van a denunciar, es que los mismos efectivos policiales son los primeros que les hacen desistir. Esta afirmación la comparten Fernández y la Psicóloga Evelyn Sosa, quien es la coordinadora del Servicio Psicosocial, del proyecto Centro de Apoyo Emocional de la ONG Unión venezolana en Perú.

Esa situación la evidenció Natalia (*), nuestra segunda entrevistada, cuando vivió el episodio en el mercado. El oficial de seguridad  que se acercó, le dijo que ella era extranjera y que el hombre no había abusado de ella (refiriéndose a violencia sexual) y que por lo tanto, era algo sencillo. “Además me dijo que si ponía la denuncia, yo iba a estar retenida 48 horas mientras se investigaba, y yo decía, pero ¿cómo yo voy a estar detenida si yo fui la agredida?, eso no tiene sentido”. Agregó al respecto.

Así terminó todo para Natalia ese día en el mercado. Impactada por cómo ocurrieron las cosas, por la reacción de las personas, y la respuesta del oficial de policía, no puso la denuncia.

Por casos como estos, Martha Fernández decidió crear la APPV, porque hay una alta impunidad en el tema de VBG y Perú, es un país de alto riesgo para las mujeres. Según expresa, en esta nación la vulnerabilidad es mucha más alta, porque se ha normalizado la situación.

Fernández manifiesta que en el caso de las venezolanas, el porcentaje de acoso y violencia es mucho más alto que hacia las mismas mujeres peruanas: “En estadísticas, el acoso a la mujer venezolana está un 30% por encima del acoso a la mujer peruana”. Pero deja claro que el hecho principal del problema es, que es violencia a la mujer, porque no te vulneran por ser venezolana, te vulneran por ser mujer.

La afirmación de Fernández, tiene base en muchos estudios que se han hecho sobre el tema, ya que no es una situación nueva. Basta con ver un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, donde se deja claro  el 62,3% de mujeres fue víctima de violencia intrafamiliar.

Tienen acceso a esa información, en el siguiente link: https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/63-de-cada-100-mujeres-de-15-a-49-anos-de-edad-fue-victima-de-violencia-familiar-alguna-vez-en-su-vida-por-parte-del-esposo-o-companero-11940/.

La mujer venezolana llegó a un país con esta realidad y como indica Fernández, eleva las cifras al respecto.

Para la psicóloga Evelyn Sosa, este alto índice se debe a la hipersexualización de la mujer venezolana. “A la mujer venezolana se le hipersexualiza entre muchas otras cosas, por tener la fama de ser caribeñas, de ser fuego por dentro”. Expresó Sosa.

Gracias a esa hipersexualización, las venezolanas también pasan por otro acoso común: el laboral. Estas dirigentes informan que a muchas venezolanas  les han hecho propuestas de trabajo a cambio de sexo, o les niegan el trabajo por negarse al mismo. Dos de nuestras entrevistadas también vivieron este tipo de acoso.

El acoso y la VBG trascienden las calles de Lima, el caso de Mónica(*) lo demuestra. Esta venezolana que tiene poco más de 20 años de edad,  pasó por secuestro, violencia sexual y física, explotación laboral y muchas cosas más.

Clara (*), mamá de Mónica, agradece hoy, tener a su hija a su lado a pesar de todo lo ocurrido. “¿Quién es el responsable, la mujer que no pone la denuncia,…que se cansa de poner la denuncia, o la ley que permite que cometan feminicidio?” Puntualizó Clara, al hablar de la experiencia vivida.

Clara describe que su hija de fue secuestrada por un hombre durante el año en el que inició la pandemia, que abusó sexualmente de ella todas las veces que quiso,  la violentó física y psicológicamente, la explotó laboralmente, y a pesar de eso, este agresor sigue libre.

Esta mujer cuenta que supo todo lo que vivió su hija luego de recuperarla, porque hasta ese día; fueron sólo momentos de martirio y desesperación para ella, con el miedo de que Mónica no volvería a aparecer,  ya que podrían matarle.

Esta madre dice que durante casi dos años, su hija estuvo bajo la posesión de su agresor quien la manipuló psicológica todo ese tiempo, amenazándole con matar a sus familiares y a las personas que ella amaba, si ella intentaba escapar o contar lo que le hacía.

Esta venezolana indica que ellos hicieron la denuncia ante la policía de tratas del Perú cuando hubo el mínimo indicio de lo que ocurría. La hizo personalmente la madrina de su hija que ya vivía en Lima, y ella, como mamá, estaba en constante comunicación con el oficial a cargo. Este oficial le recomendó inicialmente que actuara con la mayor normalidad  cuando su hija se comunicara,  porque sabían  que los mensajes los leía el hombre que la tenía.

Clara afirma, que el agresor le indicaba a su hija lo que debía decir cada vez que se  comunicaba, y que su hija no se arriesgó a escapar porque él le hacía sentir que era una persona sumamente peligrosa, con todos los flagelos que le hacía. Además, cuando ella gritaba pidiendo auxilio en el sitio donde la tenía cautiverio, el maltrato era mayor. 

Además de los golpes u abusos sexuales, el agresor le hacía pasar días de hambre, como un castigo por el atrevimiento de pedir ayuda. Para ese entonces su hija tenía 21 años y su agresor más de 40.

“Yo me le pegué a la policía, porque ellos no avanzaban nada y me decían, pero su hija tiene que decirnos donde está, y ella no me iba a decir en donde está, porque no podía. Sabíamos que estaba en Chorrillos, pero Chorrillos es muy grande.” Describe Clara, cuando narra parte de lo ocurrido.

Mónica logra salir de esta situación mucho tiempo después, porque queda embarazada, producto de las violaciones. Eso hizo que su agresor  fuese un poco menos duro de lo que venía siendo con ella.

Pero luego que nació la niña las amenazas de él cambiaron, porque ya no era únicamente la advertencia de muerte a sus seres queridos, sino que  le aseguraba que le iba a quitar a su hija si intentaba algo, porque la ley estaba de su parte al ser padre peruano.

Clara comenta que un día su  hija se armó de valor cuando  su agresor se fue, y quizás por descuido dejó las llaves del departamento donde la tenía secuestrada. Entonces, de inmediato se fue a la comisaría del sector para denunciarle, pero para su sorpresa, la policía no le quiso tomar la denuncia.

Ante esto, a distancia, Clara contactó con alguien que se comunicó en Lima con una Comisión del Ministerio de la Mujer, para que se apersonara en el lugar. Sólo cuando llegó esa comisión, la policía le recibió la denuncia a su hija.

Esta venezolana cuenta que hay muchas cosas que no alcanza a comprender en una situación tan delicada como la que vivieron, entre ellas;  que inicialmente no  pensaran en ubicar a Mónica  en un refugio (como luego pasó), sabiendo que el hombre era peligroso y podía buscarla.

En segundo lugar, que cuando dan con el verdadero nombre del agresor e ingresan sus datos en el sistema,  se encontraron con que este hombre tenía 12 denuncias y aun así, estaba libre. Las denuncias eran por violación y agresión a mujeres, todas venezolanas. Sumado a ello, había también denuncias por hurto.

Clara describe indignada y dolida que el hombre agresor siga libre y se atreviera a  enviar mensajes a los amigos y  familiares de su hija en Venezuela, intentando ubicarla.

Describe que incluso, llegó a Trujillo a la casa del exnovio de su hija (con el que se vino de Venezuela) y quien también fue amenazado por el agresor. Ante lo cual, ella le recomendó que denunciara, pero tampoco le tomaron la denuncia.

Gracias a las denuncias hechas en el caso de Mónica  y  la documentación de las mismas,  junto a la ayuda de APPV, lograron que ambas (ella y su hija) pudieran obtener el estatus de refugio.

Esto  les permitió la atención médica de la niña, que nació con un problema cardíaco, y posteriormente la posibilidad de salir del País. Ahora están temporalmente en Colombia, solventando problemas de salud de Clara e intentando darle un poco de paz a Mónica.

Ante todo lo vivido en Perú, Clara añade: “La campaña que tiene el ministerio de la mujer es excelente, de verdad que la vi,… me cansé de verla. Pero no hay coherencia en lo que dice y la ley no hace. No hay nada de coherencia…la ley no te apoya, porque ese es una persona que debió haber estado detenida enseguida”. Expresa con indignación.

La hija de Clara sigue afectada por lo que vivió, sigue presentando ataques de pánico, que son atendidos a distancia, gracias al apoyo que le brinda APPV.

Afectaciones de salud mental por la movilización obligatoria y VBG, dificultades para el acceso a la salud

Paola Dacosta enfatiza que la migración le afectó mucho  y si tiene que describirla, tiene sólo una palabra: dolor.  “Siempre me daban crisis, lloraba mucho, me sentía muy triste,… Fue muy fuerte para mí, porque el venezolano está acostumbrado a ser tan sociable, educado, con una sonrisa en la cara siempre. Y las personas de acá son todo lo contrario”. Expresa cuando nos cuenta al respecto.

Paola sabía que no se encontraba bien, pero no buscó ayuda profesional para salir de ese estado  porque eso implicaba dinero, y como dijo, estaban comenzando desde cero y la prioridad  era la subsistencia.

Arany Carvajal, comenzó siendo empleada doméstica, lo cual dice le deprimió mucho, porque era un trato muy distinto al que los venezolanos daban a sus empleados en casa.

Ella afirmó que en Venezuela la persona de servicio era como de la familia, mientras que acá, el trato es frío y distante. “Eso para mí fue muy duro, el trato era muy distante y muy frío me deprimí y llegué a sentir que no tenía sentido haberme venido, ni la vida que llevaba en ese momento”. Destacó, añadiendo que se fue de allí a los 3 meses intentando mejorar su situación.

Estas experiencias las vivió también Natalia (*) quien nos dice que el ánimo le cambió completamente y quiso buscar ayuda psicológica, pero su realidad no se lo permitió. “los primeros días busqué información, pero los precios no eran muy accesibles para mí, y lo descarté porque no podía pagar”. Justificó.

A Natalia le dio un ACV, que no ha podido atenderse en el sistema de salud porque no goza de seguro médico. Ese beneficio lo tuvieron por poco tiempo sólo su esposo y su hija.

Cuando su pareja contaba con un empleo formal y estaba en planilla  (lo cual es poco habitual en Perú, donde reina la informalidad a gran escala), el seguro médico no la incluyó a ella porque el acta de matrimonio de ellos no está apostillada, y sin eso, no le validan el matrimonio para gozar del seguro de salud.

Actualmente, ninguno cuenta con seguro médico.  “ le están contratando cada cierto período, descansando uno o dos meses, para no tener continuidad, aunque tiene ya 3 años y medio con ellos, y eso no les otorga el seguro de salud, por eso ninguno lo tiene hasta ahora”. Explica Natalia al respecto.

Acceder a la salud en Perú no es sencillo. Según el censo del 2017 del INEI, más de 7 millones de personas, carecen de seguro de salud en el País. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1587/libro01.pdf. En este link, consiguen más información sobre le informe.

Los migrantes y refugiados se vuelven más vulnerables que los locales ante esta situación. Algunos venezolanos son embargo, creen que sería más fácil si tuvieran buenos ingresos, porque podrían pagarse un seguro médico privado. Pero eso podría ser sólo una fantasía, la siguiente historia así lo demuestra.

María Eugenia Moreno, es una venezolana de 43 años de edad, que tiene más de una década en Perú, su ingreso mensual es aproximadamente de 10 mil soles, lo que equivale a casi 10 salarios mínimos. Aun así,  pasa por la misma situación de los venezolanos que ganan 9 veces menos que ella.

 María Eugenia o Maru (como le dicen sus amigos)  dice que no le alcanza para sustentar todos los gastos familiares. Entre sus gastos, está el pago de un seguro privado de salud, pero éste, no le da una cobertura total de los gastos médicos.

Un seguro médico privado en Perú dista mucho de los acostumbrados en Venezuela.  El seguro contratado no les da una cobertura total de los servicios.  “Los exámenes clínicos y de imagenología, siempre tienen un co-pago, no te cubre la totalidad del servicio, nunca cubre a un 100 por ciento.  Las cirugías las cubre, pero siempre hay un copago”, añade al respecto.

Ella describe que ella y su esposo invierten más de 500 soles mensuales en el seguro médico, esta cifra equivale a medio salario mínimo en el país. Maru  cuenta que en una ocasión su pareja necesitaba una  endoscopía y una colonoscopía, y por ello debían pagar alrededor de 700 soles. Eso marca una gran diferencia con los seguros médicos con los que se contaban en Venezuela, dónde sí había una cobertura total de los servicios.

Esta venezolana que vive en Miraflores no escapa de las afectaciones emocionales por la que pasan los venezolanos. “Por todo lo vivido, yo desarrollé ataques de pánico y ansiedad,…empezó hace 3 años y medio, empezó porque no alcanzaba el dinero, tenía que trabajar más y pues no pude más, y se desembocaron los ataques de pánico”. Comentó al narrar su experiencia.

Maru describe que va al psicólogo, al psiquiatra, se hace acupuntura, hace muchas cosas para superar la afectación, y afortunadamente está mejor, pero no termina de sentirse completamente estable en Perú, por la dura realidad que viven como migrante.

Por estas realidades de falta de acceso a la salud y afectaciones mentales de los migrantes venezolanos, las ONG y Asociaciones han optado por ofrecer servicios alternativos, para contribuir en este complejo escenario social;  como lo describe la psicóloga Evelyn Sosa, quien afirma  que asisten con sistematicidad entre 250 a 300 personas mensualmente, en el Centro de Atención Emocional (CAE) de la ONG Unión Venezolana en Perú, y entre 12 a 15 personas en el servicio de psiquiatría.

Estos programas fueron creados porque en sus jornadas de asistencia migratoria, observaron que todos los venezolanos presentaban depresión, la primera causa  era el duelo migratorio y la segunda, todas las situaciones que viven a diario en la compleja supervivencia.

En este centro, cuentan con terapias grupales e individuales, virtuales y presenciales. Se crearon de esta manera, porque no todos pueden acudir con regularidad por la explotadora jornada laboral, y porque los proyectos no permiten mayor continuidad. Haciéndolo de esta forma pueden atender a una mayor población.

Sosa, como coordinadora del servicio psicosocial del  CAE  de la UVP, comenta también que la mayoría de afectaciones mentales de las mujeres que reciben, están vinculadas a la VBG; siendo muy común la económica y psicológica.  Lamentablemente las ONG y Asociaciones tienen limitaciones porque trabajan con financiamientos por proyectos.

Según explica la especialista, para que una persona supere las afectaciones mentales por VBG, debería recibir por lo menos una asistencia de 3 años. Los programas con los que cuentan, no dan para eso, por temas de financiamientos. En el caso de la VBG, Sosa destaca la importancia de trabajar con los agresores; pero ese proceso requiere más especialización, y por eso no pueden abordarlos, por el mismo tema del financiamiento.

La psicóloga explica que los casos de VBG que reciben, viene sobre todo de parejas peruanas a sus cónyuges venezolanas, enfatizando que la mujer venezolana se ve en la necesidad de sostener esos procesos de violencia, por sus hijos. Según describe, a esas  mujeres sus parejas les amenazan con el hecho de ser extranjeras por lo que le pueden  quitar a sus hijos; porque el hombre, al ser peruano; tiene los documentos y la estabilidad que la mamá migrante no posee.

Con un escenario tan complejo, parece no haber solución a corto plazo, por eso, esta especialista en salud mental, manifiesta la necesidad de un cambio de políticas que incluya modificaciones en el campo educativo,  ya que allí inicia todo. Destaca que si no se dan los cambios, durante las siguientes décadas; estaremos viviendo la misma situación en VBG en el país.

Sosa ve con buenos ojos la reciente creación de los centros comunitarios de salud mental, que considera un gran paso en el abordaje de la salud mental en el País. Pero propone generar programas de empoderamiento, tanto personal como económico, para que las personas migrantes puedan hacer uso de sus decisiones, en pro de su bienestar.

En contraste  a eso, Martha Fernández destaca que los centros comunitarios de salud mental no funcionan, porque  en los conos (zonas lejos del centro de la ciudad de menores recursos) no hay especialistas que atiendan a la población peruana, por lo tanto, mucho menos podrán atender a la población venezolana.

“Aquí el tema de la salud mental es muy grave, es muy alto, porque no hay mayor atención, no se dan abasto, no hay suficientes psicólogos”, expresó.

Esa afirmación tiene base en diferentes investigaciones que se han hecho sobre salud mental en el País. Un estudio realizado en el 2006 por el  Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, describe que en ese año la prevalencia de depresión en Lima Metropolitana era del 18,2%.

Esa realidad se incrementó luego del inicio de la pandemia, según refleja un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) del Ministerio de Salud (Minsa), pues ahora, el 52.2 % de la población de Lima sufre de estrés causado principalmente por la COVID-19 y los problemas de salud, económicos o familiares que trajo consigo.

https://cqfdlima.org/salud-mental-y-efectos-de-la-covid-19-en-el-peru-un-problema-silencioso/ Allí pueden acceder a la información.

Por todo lo anteriormente descrito, Fernández y el equipo de la APPV, lanzaron el programa llamado “Boss Woman”, cuyo fin es empoderar a la mujer venezolana, para que se prevengan estos escenarios de VBG. Fernández enfatiza que allí está la prevención, en el empoderamiento, pues los programas de atención a la víctima, no previenen más víctimas de violencia.

Enfatiza la dirigente, que las mujeres desmejoran su autoestima con los cambios que viven en el País, donde no pueden ejercer sus profesiones y llegan a cumplir con oficios que están por debajo de su nivel profesional y capacidades. Eso sumado al acoso, la xenofobia y la VBG, afecta el autoestima de cualquier persona y da pie para que sea vulnerada.

Esta lideresa, al igual que la psicóloga Sosa, coinciden en que la solución a todo el tema de VBG tiene que ver con reformas de políticas públicas que den respuestas de fondo, pero esto llevará muchos años.

Por ahora, las mujeres venezolanas deberán seguir apostando a su resiliencia, como lo han hecho, y recordar de dónde vienen; para seguir adelante. Como lo expresó la psicóloga Evelyn Sosa: “en psicología profunda, la mujer venezolana es muy matricentrista, es decir; nosotras culturalmente estamos acostumbradas a salir adelante con los hijos”.

Quizás por eso, la mujer venezolana muestra resiliencia a pesar de su compleja realidad en este País, tal como como lo expresó nuestra primera entrevistada, quien con una sonrisa en la cara se despidió diciendo: “yo soy guerrera y lloro un rato cuando me duele, y luego me vuelvo a levantar y a salir a la calle a trabajar, porque tengo que echar pa´ lante, por mis hijos”.

Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.

(*) Nombre falso que pidió usar la entrevistada, para proteger su identidad y resguardar su seguridad.

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Luis tenía apenas 14 años cuando tuvo que irse de su casa, su madre lo echó por sentirse agobiada con los constantes problemas entre él, su hijo mayor y fruto de una relación anterior y su esposo. Dayana, una mujer de carácter sumiso, sufría los maltratos de su pareja desde el inicio de su relación, además, soportaba la violencia en contra de sus tres hijos más pequeños. 

Aquel hombre sostenía que “a los muchachos hay que ponerles mano dura para que no se descarrilen”. La violencia era su forma de disciplinar. Poco a poco logró que Dayana también comenzara a dudar de su hijo Luis y a sentir que la paz de su hogar dependía de que él se fuera. 

Cuando el adolescente se fue a vivir con su abuela, los problemas siguieron. Los maltratos se enfocaron totalmente en Dayana y sus pequeños. Los gritos e insultos eran el desayuno, almuerzo y cena. Su esposo se enfurecía casi por cualquier cosa. La imagen opaca y aún tímida de Dayana, indica que el sufrimiento fue intenso y prolongado. 

Con solo 37 años, Dayana luce como una mujer de 50. Su rostro se nota agotado, aunque sus ojos son grandes y expresivos, su mirada perdida cuando narra su historia, deja ver mucho dolor, recuerdos amargos y vergüenza. “Las palabras duelen bastante. Los insultos, eso a veces es más fuerte que un golpe. Que te digan a cada rato que no sirves para nada, es como una cachetada”. 

Baja la cabeza y mira al suelo, mientras repite que era muy “fuerte”, refiriéndose a la agresividad de su marido. Se le hace un nudo en la garganta, respira profundo y calla, como cuando recuerdas algo traumático. “Ahora me arrepiento de muchas cosas”. 

La culpa es una de las emociones que hace estrago en Dayana. Recordar que echó a su hijo a la calle y que a muy corta edad tuvo que comenzar a trabajar, además en una zona tan peligrosa como las minas al sur de Bolívar, es de las cosas que se sigue reprochando. 

Cuando se abandona a los hijos

El abandono de los hijos es una característica común entre las mujeres que sufren violencia basada en género (VBG), sobre todo cuando son hijos de otro matrimonio. Es el caso de Patricia, quien dejó a sus tres hijos de 5, 8 y 12 años, para ir detrás del hombre que casi le quita la vida.  

Patricia conoció a José a través de una amiga. Se enamoró de aquel hombre al punto de no pensarlo dos veces cuando le propuso que se fuera con él. La condición que lo impuso es dejar a sus niños. Sin dar muchas explicaciones, fue hasta la casa de su ex marido y le dijo “te toca cuidarlos un tiempo, yo tengo que ir a trabajar”. 

Sin saber lo que le esperaba se fue, y en menos de tres meses todo comenzó a cambiar. Cuando ella le pedía dinero para mandarle a sus hijos, él se lo negaba. Ella pensó en trabajar para ayudar a sus chamos, pero él no se lo permitía. “Aquí el hombre soy yo, y el que trabaja aquí soy yo, tú no tienes nada que andar haciendo en la calle”, le decía él en forma dominante y poco a poco la fue sometiendo al encierro. 

La mantenía aislada de su familia, ni siquiera le permitía hablar con los vecinos. Cuando llegaba de trabajar le revisaba el celular, la interrogaba para saber qué había hecho durante el día y le repetía constantemente. “Patricia no me busques problemas con los vecinos, si yo me entero que andas en la calle vamos a tener problemas”. 

Esta mujer de 28 años, narró con lágrimas cómo estuvo separada de sus hijos durante un año, y todo el horror que le tocó vivir al lado de un hombre violento.

Ella no solo sufrió violencia psicológica, sino también física, sexual y económica. Sufrió golpes, abuso sexual, amenazas, y eso sin contar que su economía estuvo limitada a lo que su perpetrador le suministraba.

Patricia perdió varias piezas de su dentadura a causa de golpes y tiene una cicatriz muy visible en su pómulo izquierdo. Casi pierde el ojo un día en el que él la tiró al piso y ella pegó su rostro de una columna. El cabello aún se le cae debido al estrés y los nervios que la situación le generó. Aparenta mucha más edad de la que tiene, aunque es de estatura grande y una corporalidad imponente, se ve minimizada al recordar su historia. 

Cuando el abuso se volvió más intenso, ya ni siquiera podía hablar con sus hijos, aún cuando recibía noticias de que ya no iban a la escuela y estaban pasando calamidades, ya que la mayor parte del tiempo estaban solos, su padre tenía que trabajar para conseguir la comida y no podía cuidarlos. 

La desesperación de Patricia fue tal, que por momentos pensaba:  “…Me estoy volviendo loca. Yo sentía que lo que vivía era irreal y sobre todo tenía mucho miedo”. 

El miedo era lo que la paralizaba, las constantes amenazas de José le hacían pensar que él la vigilaba a toda hora y que no podía hacer nada sin que él lo supiera. Todos los días le repetía que la iba a matar si pensaba en dejarlo. 

La situación era tan grave que su pareja tenía un cuchillo con el que la torturaba, pero  ella no sabía dónde lo guardaba. Patricia no dormía, pasaba la noche en vela, aterrorizada pensando si él le clavaría el arma. Con lágrimas y la voz cortada, contó que en esos momentos solo pensaba en que no volvería a ver a sus hijos. 

No es lo mismo leer que entre enero y febrero de este año, en Bolívar se registraron 36 casos de diferentes tipos de VBG monitoreados a través de los medios de comunicación por la Comisión para los Derechos Humanos y Ciudadanía (Codehciu), que conocer la historia de una de esa treintena de mujeres narrada en primera persona. 

Escuchar de la voz de las sobrevivientes, parte de esas escenas de horror que tuvieron que vivir da cuenta de la brutalidad a la que son sometidas y la magnitud de esta crisis que es considerada un problema de salud pública. Este fenómeno multifactorial repercute en diferentes ámbitos de la sociedad y socava en sus bases al dañar a su principal núcleo, la familia. 

Mujeres constructoras de paz

Brisas del Sur es una comunidad empobrecida de San Félix en el municipio Caroní y fui a conocerla para ponerle rostro a un par de historias de violencia. Los riesgos de seguridad y el gasto en combustible por lo alejado del sector, no me impidió llegar para encontrarme con un grupo de mujeres constructoras de paz. 

El salón de un preescolar de Fe y Alegría fue el escenario para nuestro encuentro, sinceramente no esperaba tanta audiencia. No era mucho lo que tenía para decirles, pero si lo que necesitaba escuchar de ellas. Afortunadamente fueron muy receptivas, y con un poco de ayuda de las principales activistas, logré entrevistar a dos de sus compañeras que llegaron a los Espacios Seguros para salvar sus vidas. 

Aunque Dayana y Patricia no son sus nombres reales, sus historias sí lo son. En esa visita a Brisas del Sur, no sólo conseguí tristeza y dolor, también hay una luz de esperanza entre el grupo de “Mujeres Constructoras de Paz”, quienes se han encargado de educar a otras mujeres de su comunidad a entender que el amor no es violencia. 

A través de las diferentes capacitaciones que han recibido de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, han podido conocer sus derechos como personas, pero también como mujeres.

La implementación del proyecto de “Prevención y Respuesta de VBG en contextos de emergencia en el estado Bolívar”, inició en el año 2020 y en ese mismo momento llegó a esta comunidad con “Los Espacios Seguros”. 

¿Qué es un espacio seguro? 

Es un grupo formado por mujeres donde se comparten actividades y se abordan temas sobre autoestima, derechos humanos, salud sexual y reproductiva, violencia de género, proyecto de vida y sesiones con temas que las participantes eligen sobre algo que deseen aprender, explica la abogada Norkis Salazar, Coordinadora del área de género de la Comisión para los Derechos humanos y Ciudadanía, (Codehciu).

Con relación a la experiencia de los Espacios Seguros aplicados en la comunidad Brisas del Sur, Salazar informó que en los encuentros tenían espacios para hacer ejercicios de relajación, que los mismos eran dinámicos, participativos y que les permitieron entender la importancia de respetar la decisión, revelación (casos de VGB), y situación individual y familiar de su igual, la mujer que tienen al lado.

Gracias a estos espacios, Dayana logró mejorar la convivencia en su familia. Su esposo recibió formación acerca de las masculinidades positivas, y se ha notado una enorme mejoría en su conducta.

Según ella y sus mismas compañeras él “no es ni la sombra del hombre violento que era”. Se ha vuelto más cariñoso, no solo con su esposa, sino también con sus hijos. 

Dayana, por su parte, se volvió más segura. En su hogar, levanta su voz para opinar y quejarse cuando algo no le parece bien. Conoce sus derechos y entendió que pasó por un proceso de violencia, que fue una mujer abusada y aún sigue trabajando en su autoestima para que esto no le vuelva a ocurrir. 

Patricia salvó su vida. Los espacios seguros se volvieron un refugio para ella. Cuando José se dio cuenta de que había una comunidad entera apoyándola y dispuesta a protegerla, entendió que, si no la dejaba en paz, podría ir a la cárcel. 

Ella no lo denunció, pero logró separarse de él y recuperó a sus hijos. Ahora vive con ellos y su madre. Trabaja de forma independiente para sacarlos adelante y dice que por el momento no piensa en tener otra relación. 

Lloró mucho cuando me dijo “ahora lo único importante para mi son mis hijos, y quiero primero curar todo el dolor, para que cuando vuelva a tener una relación algún día, sepa cómo debe ser una pareja buena, una relación sana, una familia”. 

Ella también ha cambiado. Su hija pequeña lo notó de inmediato y en algún momento le dijo: “Mami, ahora tú sí nos quieres. Ya no eres como antes que nos maltratabas y te ponías brava y nos dejabas solos”. 

Estas historias nos hacen pensar que la implementación de los espacios seguros ha sido exitosa. Codehciu en alianza con el Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA), reunió a 25 mujeres reconocidas por su liderazgo y disposición en la participación de actividades en el sector e iniciaron en un espacio que les facilitó el preescolar “Gabriela Mistral”. 

Desde Codehciu aseguran que todas han tenido protagonismo en la realización de las actividades. Luego de la primera experiencia, se empoderaron 50 mujeres más en Brisas del Sur, 50 mujeres y adolescentes en la parroquia Unare y 15 mujeres en la parroquia Dalla Costa, sector Brisas de Macagua. 

Estas mujeres han dado continuidad a estos espacios formativos y han alcanzado y sensibilizado, sobre estos temas y otros, a mujeres de sus sectores. Además, sus parejas o familiares hombres se han sensibilizado también a través del programa de masculinidades positivas, ya que ellos reconocían el cambio que estaban teniendo las mujeres en estas sesiones. 

Los espacios seguros, demuestran cómo a través de la educación, el diálogo, el fortalecimiento de la autoestima, pero sobre todo la unión, se pueden lograr grandes cambios en mujeres y hombres.

En el período de monitoreo entre septiembre de 2021 y abril de 2022, Codehciu contabilizó 260 manifestaciones de Violencia Basada en Género (VBG) en siete municipios del estado Bolívar. Caroní registra el índice más alto con 132 víctimas.

El informe de la organización alertó que hubo un aumento drástico de los casos de violencia contra la mujer durante los primeros cuatro meses de 2022. Al menos 80 mujeres, niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia física; la mayoría de ellas, según lo reportado por medios de comunicación regionales, con lesiones y hematomas en el rostro a causa de golpes y/u objetos punzo penetrantes. 

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) instó al Estado venezolano a crear casas de abrigo, reforzar la capacitación en derechos humanos de los operadores de la justicia, y adoptar políticas de tolerancia cero en sus instituciones ante cualquier tipo de vulneración a niñas, adolescentes y mujeres.

Este es un trabajo especial para el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYS, a través de la iniciativa Tejiendo Redes

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La decisión, respaldada con 5 votos contra 4, abre el camino para que el aborto pueda ser ilegalizado en los estados que así lo decidan.

Se espera que aproximadamente la mitad de los estados en el país introduzcan nuevas restricciones o prohibiciones.

Trece de ellos ya aprobaron anticipadamente leyes que prohibirán de forma automática el aborto tras el fallo de la Corte Suprema.

Misuri se autoproclamó como el primer estado en prohibir el aborto inmediatamente después de la decisión del alto tribunal, anunció su fiscal general, Eric Schmitt.

Nuevas restricciones

Y es probable que otros implementen con rapidez nuevas restricciones.

Unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva se verán privadas del derecho al aborto, según una investigación de Planned Parenthood, una organización médica que brinda servicios de interrupción del embarazo.

El fallo del viernes supone la revocación completa de una decisión anterior de la propia Corte Suprema, un movimiento extremadamente inusual.

Y es probable que dé lugar a intensas batallas políticas que dividan a la nación.

En estados donde hay opiniones sobre el aborto muy divididas -como Pensilvania, Michigan o Wisconsin- la legalidad del procedimiento podría determinarse en cada legislatura.

El fallo puede desencadenar una avalancha de batallas legales en varios ámbitos, entre ellos si los habitantes de un estado pueden viajar a otro para abortar u ordenar medicamentos abortivos por correo.

La sentencia

El origen de la sentencia de la Corte Suprema de este viernes se remonta a un caso específico, el de Dobbs contra la Organización de Salud Femenina Jackson.

En ese caso, se impugnaba una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, incluso en casos de violación.

Lynn Fitch, la fiscal general de Mississippi, pidió a la Corte Suprema que mantuviera la ley de su estado y eliminara la decisión Roe vs. Wade.

Este viernes el tribunal respaldó la ley de Mississippi con 6 votos a favor y 3 en contra, y derogó Roe vs. Wade.

La sentencia no ha sido una sorpresa, ya que en mayo se reveló un documento sobre la decisión que iban a tomar los jueces.

Rechazo

Los gobernadores de: California, Nuevo México y Michigan, ya han anunciado planes para proteger el derecho al aborto en sus respectivas Constituciones.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió el jueves con siete fiscales generales de estados demócratas para debatir los modos de defender el derecho al aborto.

En el histórico caso Roe v Wade de 1973, la Corte Suprema dictaminó por 7 votos a 2 que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución de Estados Unidos.

El fallo otorgó a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a abortar en los primeros tres meses del embarazo, aunque permitió establecer restricciones en el segundo trimestre y prohibiciones en el tercero.

Sin embargo, en las décadas posteriores varias sentencias redujeron gradualmente el acceso al aborto en más de una decena de estados.

Más de 9 de cada 10 abortos tienen lugar en las primeras 13 semanas de embarazo, y más de la mitad se llevan a cabo con pastillas y no con cirugía, según la organización en favor de los derechos reproductivos Guttmacher.

Reacciones

Se espera que el presidente Joe Biden se pronuncie sobre la decisión de la Corte Suprema.

Donald Trump, aseguró a la cadena Fox News que la sentencia «funcionará para todos», supone «recuperar derechos que deberían haberse otorgado hace mucho tiempo».

El expresidente Barack Obama, mientras, expresó su decepción.

También se pronunció la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien se refirió al fallo como «cruel», «escandaloso» y «desgarrador».

La Corte Suprema, alegó, «ha corregido un error histórico y ha reafirmado el derecho del pueblo estadounidense a gobernarse a sí mismo”.

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Un portavoz del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, señaló en un comunicado que según las observaciones preliminares de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia el juicio «no respetó plenamente los derechos al debido proceso de la señora Áñez».

En ese sentido, subrayó que la OACNUDH indicó que la tipificación penal del «incumplimiento del deber», delito por el que se condenó a Áñez, es «excesivamente amplia y ambigua».

«También hubo problemas con el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva; el acceso a pruebas testificales y el formato virtual e híbrido de las audiencias», recordó la UE.

Asimismo, el portavoz precisó que la OACNUDH apuntó que se debe evitar mantener juicios en rebeldía. Además, aseguró que la participación de «numerosas partes acusadoras» había afectado el equilibrio procesal.

Condenada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución

La expresidenta encargada de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada el viernes 10 de junio. Esto por los sucesos que ocurrieron entre el 10 y 12 de noviembre de 2019 cuando Evo Morales renunció a la presidencia; y Áñez asumió ese cargo cuando era senadora.

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz la sentenció por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y señaló que el texto completo de la resolución se conocerá el próximo miércoles 15 de junio.

La hija de la exfuncionaria, Carolina Ribera, calificó como «grosero» el juicio a su madre y que al momento del anuncio (virtual) de la sentencia, Áñez no contaba con la presencia de su equipo de defensa.

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Los medios locales mexicanos reseñaron que a Monzón la alcanzaron estas dos personas, quienes a bordo de una moto, le dispararon al menos unas tres veces. Este ataque, le ocasionó la muerte.

Monzón se dedicaba a la defensa de casos de mujeres en situación de violencia o abuso. Según la agencia de noticias EFE, la activista fue víctima de trabas dentro del sistema judicial mexicano para resolver asuntos con enfoque de género.

Lamentan crimen

Tras el asesinato de Monzón, diversos amigos políticos y organizaciones, alzaron la voz en condenando esta muerte. Entre esas, Paola Angón, alcaldesa de San Pedro Cholula.

“Condeno enérgicamente el ataque artero que le arrebató la vida a Cecilia Monzón. Mi gobierno trabajará en estrecha coordinación con la Fiscalía de Puebla y con las instancias que sean necesarias, para dar con los autores intelectuales y materiales de este atentado”, expresó la funcionaria en su cuenta en Twitter.

Por su parte, la consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lizeth Mejorada, hizo un llamado para castigar a los responsables.

«Estoy consternada por el asesinato de mi amiga y defensora @monzon_cecilia. Gobernador @MBarbosaMX y @FiscaliaPuebla hago un llamado como Consejera de @inmujeres a investigar y no dejar este crimen impune. Las primeras horas son vitales y su hijo merece justicia», aseveró.

Con información de EFE

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Por su parte, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que Saltrón tiene el delito de “femicidio agravado” y ya permanece privado de libertad.

El funcionario indico que para este lunes 16 de mayo tiene previsto atender al grupo familiar de Arianna Jocxybel en su despacho, junto al Director General de Protección a la Familia y la Mujer.  Esto, según el Fiscal, para “ratificarle nuestra acción de justicia y solidaridad en tan lamentable duelo”, escribió.

Familiares y vecinos exigen justicia

Este domingo 15 de mayo, familiares y vecinos de La Vega protestaron para exigir justicia ante este asesinato.

La mamá de Arianna Jocxybel, Jermaris Oliveros, expresó que su hija nunca le dijo nada sobre lo que pasaba. Presuntamente, Saltrón la acosaba y amenazaba, pero por miedo, la joven no se atrevió a comentar algo al respecto a su familia.

“Él se fue en contra de ella haciéndole eso tan feo. Les pido de corazón que lo de mi niña no quede impune. Así como pasó con ella, puede pasar con cualquier otra muchacha de aquí de Venezuela y del mundo entero”, expresó la madre en un video cortesía de la periodista María Alejandra Silva.

«Ella lo había dejado. Ella vivía con sus padres. Todos en esta comunidad conocíamos a esa niña. Él la atormentaba y la atormentó tanto hasta quitarle la vida. No es justo porque todos tenemos hijas y nuestras hijas son lo más bello en nuestras vidas. Por Jocxibel tenemos que seguir luchando», expresó una de las vecinas presentes en la protesta.

Ocho femicidios cada 21 horas

El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), alertó el viernes 13 de mayo que han documentado al menos 8 crímenes a mujeres durante los primeros 7 días del mes en Venezuela. Esto sin incluir el caso de Arianna Joxcybel Parra.

La organización traduce que estos hechos se han producido en un lapso de cada 21 horas y exige que se publiquen las tasas de femicidios reales y actualizadas de forma oficial.

Durante el primer trimestre de 2022, Cepaz registró al menos unos 60 casos, es decir, uno cada 28 horas. Solamente en enero hubo 20 muertes asesinatos a mujeres; 6 de estos en grado de frustración.

Mientras que en el segundo mes superó a enero con 21 femicidios y 7 en grado de frustración. A consecuencia de estos asesinatos a mujeres, un total de 9 menores de edad están huérfanos; y uno de ellos presenció el crimen a su madre.

Cepaz indicó que las regiones con más índices de asesinatos a mujeres han sido Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Táchira.

La entrada Detienen a hombre que mató a Arianna Jocxybel Parra en La Vega se publicó primero en Radio Fe y Alegría Noticias.

El hecho se registró el 7 de mayo en el sector La Salineta, calle Las Palmas, municipio Carirubana, estado Falcón. Ese día, Ferrer le propinó una golpiza a Arias porque sostuvo un encuentro con el padre de uno de sus hijos. Esto según informó el director del Cicpc, Douglas Rico, a través de su cuenta en Instagram.

Según Rico, las pesquisas de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Punto Fijo, comenzaron a investigar y dieron con la detención del femicida. Posteriormente, huyó del sitio; mientras que a la joven la hallaron sin vida al día siguiente.

Enretanto, Ferrer está puesto a la disposición del Ministerio Público de la región para el debido proceso judicial.

Ocho femicidios cada 21 horas

Por otro lado, el viernes 13 de mayo, el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), alertó que han documentado al menos 8 crímenes a mujeres durante los primeros 7 días del mes en Venezuela.

La organización traduce que estos hechos se han producido en un lapso de cada 21 horas y exige que se publiquen las tasas de femicidios reales y actualizadas de forma oficial.

Durante el primer trimestre de 2022, Cepaz registró al menos unos 60 casos, es decir, uno cada 28 horas. Solamente en enero hubo 20 muertes asesinatos a mujeres; 6 de estos en grado de frustración.

Mientras que en el segundo mes superó a enero con 21 femicidios y 7 en grado de frustración. A consecuencia de estos asesinatos a mujeres, un total de 9 menores de edad están huérfanos; y uno de ellos presenció el crimen a su madre.

Cepaz indicó que las regiones con más índices de asesinatos a mujeres han sido Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Táchira.

Adicionalmente, 11 mujeres venezolanas las han asesinado en el exterior durante los dos últimos meses.

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La organización traduce que estos hechos se han producido en un lapso de cada 21 horas y exige que se publiquen las tasas de femicidios reales y actualizadas de forma oficial.

Durante el primer trimestre de 2022, Cepaz registró al menos unos 60 casos, es decir, uno cada 28 horas. Solamente en enero hubo 20 muertes asesinatos a mujeres; 6 de estos en grado de frustración.

Mientras que en el segundo mes superó a enero con 21 femicidios y 7 en grado de frustración. A consecuencia de estos asesinatos a mujeres, un total de 9 menores de edad están huérfanos; y uno de ellos presenció el crimen a su madre.

Cepaz indicó que las regiones con más índices de asesinatos a mujeres han sido Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Táchira.

Adicionalmente, 11 mujeres venezolanas las han asesinado en el exterior durante los dos últimos meses.

Sin información oficial de femicidios

Entretanto, Cepaz indicó que desde hace seis años no hay cifras oficiales sobre muertes de mujeres en el país o sobre denuncias de violencia de género.

El observatorio indica que existe opacidad por parte de las autoridades venezolanas con respecto a las cifras que no permiten  identificar de manera correcta la magnitud de esta situación que azota a las venezolanas.

Por su parte, el monitor de femicidios de la ONG UTOPIX, destacó que en el mes de abril se registraron 15 asesinatos. La mayoría ocurrieron en el estado Zulia en manos de parejas o exparejas, aseguró la coordinadora de esta organización, Aimée Zambrano.

«Realmente este tipo de noticia no es la que quiero difundir. Quiero una patria donde reine la igualdad, la justicia y la paz. Basta ya», expresó una persona en la red social Twitter.

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